Más de medio millón de ciudadanos protestan en Rumanía por sexto día consecutivo

​Más de medio millón de ciudadanos se manifestaron este domingo por sexto día en Rumanía, la mayor parte pidiendo la dimisión del Gobierno socialdemócrata, a pesar de que derogó oficialmente el polémico decreto que despenaliza ciertos casos de corrupción.

Gritos de “Queremos que nos oigáis, no que nos mintáis” o “Lo habéis conseguido, nos habéis unido” se escuchaban en la Plaza Victorie, donde se halla la sede del Ejecutivo, entre silbatos y vuvuzelas, además de aplausos a los policías por mantener el orden.

El número de manifestantes en la capital rumana fue creciendo, gracias a que han llegado muchas personas desde muchas otras ciudades del país como Cluj-Napoca e Iasi, entre gritos de “traidores” y dimisión.

En Cluj-Napoca, más de 50.000; en Timisoara, más de 40.000; en Sibiu, más de 45.000; y decenas de miles en otras ciudades como Brasov, Iasi y Craiova.

La derogación del decreto marca una gran victoria de la calle; el Gobierno se ha comportado de manera abusiva, intentando legalizar el robo mediante maniobras ocultas y escapar de una respuesta penal, aseguran los analistas.

Sin embargo, el PSD ganó las elecciones con un resultado masivo, tiene todavía como partido toda la legitimidad de gobernar, prosiguen.

El decreto de derogación entró en vigor pocos minutos después de anunciarse tras ser publicado en el Boletín Oficial”, informó en un comunicado el Ejecutivo.

El primer ministro, Sorin Grindeanu, anunció el sábado que el Gobierno retiraba la medida porque no quería „dividir Rumanía en dos” y prometió trabajar con la oposición para redactar un proyecto de ley que cuente con el máximo consenso posible.

En el comunicado del Gobierno se indica que Grindeanu ha pedido al Ministerio de Justicia que ponga en marcha un debate público con todos los partidos políticos y la sociedad civil sobre una nueva normativa.

El primer ministro también ha solicitado que se elabore ese proyecto de ley en conformidad con el Tribunal Constitucional y las Directivas Europeas para que luego sea debatido en el Parlamento.

Ante la Presidencia, unas mil personas protestaron como muestra de solidaridad con el Gobierno con mensajes como “apoyamos un gobierno legítimo” o “nosotros estamos con vosotros”.

El martes pasado el Gobierno aprobó por vía de urgencia un decreto ley que despenalizaba los casos de corrupción si causaban pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros.

Esta modificación penal iba a acompañada de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.

Uno de los beneficiados de la polémica medida habría sido el líder del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, que no hubiera respondido ante un tribunal por un caso de corrupción con un daño para el Estado valorado en 24.000 euros.

La oposición, el presidente del país, Klaus Iohannis, la magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea y países como Alemania y Francia criticaron duramente el decreto.

El Partido PSD venció de forma holgada en los comicios del pasado diciembre con el 45 % de los votos, pero el polémico decreto no estaba incluido en su programa electoral.