La Fiscalía de Rumanía envía el caso del primer ministro Victor Ponta por corrupción al Tribunal

La Fiscalía anticorrupción rumana anunció este jueves que ha presentado oficialmente ante un tribunal los cargos de corrupción contra el primer ministro de Rumanía, el socialdemócrata Victor Ponta, que supuestamente se cometieron entre los años 2007 y 2011.
„Los fiscales de la Dirección Nacional de Anticorrupción han depuesto el envío a juicio de Victor Ponta”, señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa.
„Los fiscales de la Dirección Nacional de Anticorrupción (DNA) acusan a Victor Ponta de falsedad documental bajo su firma privada (17 infracciones), complicidad por evasión fiscal de forma continuada y blanqueo de dinero”, prosiguió la nota.
Este anuncio se produce un día después de que Ponta expresara, a través de un mensaje colgado por Facebook, que desea terminar su mandato como primer ministro y que, luego, dejará a otros que ocupen altas funciones.
„En 2016, probablemente, presentaré mi candidatura al lado del equipo con el que he trabajado en los últimos 15 años en la provincia de Gorj para el cargo de diputado”, indicó Ponta, un antiguo fiscal de 42 años.
Sin embargo, añadió, „otras funciones de Estado no me interesan; creo que un periodo en el que no esté en primera línea, en el que aprenda de las cosas buenas y de mis errores, me vendrá bien.”
Ante lo que ya se vaticinaba, el ministro de Interior Gabriel Oprea declaró en la noche de ayer que él mismo representaría una solución como primer ministro.
Ponta, que fue imputado oficialmente en julio, negó varias veces los cargos presentados y acusó a los fiscales de „manipular a la opinión pública”.
Según la Constitución rumana, el presidente Iohannis no puede suspenderle de sus funciones si no ha cometido delito durante su mandato como primer ministro, lo que no sucede en este caso.
La DNA empezó a investigar el pasado 5 de junio al jefe de Ejecutivo tras hallar indicios de presuntos delitos de falsificación, blanqueo de capital, evasión fiscal y conflicto de intereses.
La investigación quedó bloqueada ante la negativa del Parlamento (en la que el Partido Social Demócrata (PSD)y sus socios de coalición tienen mayoría) a levantar la inmunidad parlamentaria al primer ministro.
Este apoyo de los diputados fue calificado en su momento de „irresponsable” por el presidente rumano, el conservador Klaus Iohannis, que ha pedido la dimisión de Ponta, primer ministro rumano desde 2012.
La Fiscalía sospecha que recibió unos 55.000 euros en 2011, un año antes de ser elegido jefe del Gobierno, de un antiguo socio, Dan Sova, al que luego nombró ministro.
La investigación sostiene que para justificar esos ingresos, Ponta emitió facturas falsas con fecha de 2007 y 2008 por supuestos trabajos de
asesoría legal para el bufete de Sova.