Más de 80.000 ciudadanos protestan en Rumanía sobre despenalización de ciertos casos de corrupción

​Mas de 80.000 rumanos salieron este domingo una vez más por las calles de las principales ciudades de Rumanía para protestar contra un proyecto de ley que prevé despenalizar ciertos delitos de corrupción.

Pese a una temperatura que baja de los cero grados, unos 50.000 ciudadanos inundaron por segunda semana consecutiva las avenidas de Bucarest desde la emblemática Plaza Universitatii -que representa la caída del régimen comunista- hasta la Plaza Victoriei, donde se halla la sede del Ejecutivo. Al mismo tiempo, alrededor de 10.000 personas protestaron en Cluj-Napoca, Sibiu y Timisoara y otras miles en Brasov e Iasi.

“No queremos la dimisión del Gobierno, queremos que respeten las promesas por las que fueron elegidos, no que propongan leyes aberrantes que ayudan a unas personas”, expresa el manifiesto de los organizadores publicado en la red social de Facebook. Durante la marcha, se enarbolaron numerosas pancartas en las que se leía “Respeto al Estado de Derecho”, “El país pide: sin perdón”, o “En democracia, los ladrones están entre rejas”.

Los manifestantes se plantaron frente a la sede del Centro Nacional Audiovisual por su impunidad ante las cadenas de televisión que arremeten contra los protestantes y que, según ellos, mienten ante la audiencia. Después, se desplazaron hasta el Ministerio de Justicia donde pidieron la dimisión de su responsable Florin Ioardache, quien insiste en adoptar los decretos ley.

“He seguido las opiniones que han surgido en las protestas, muchas de ellas se pueden catalogar y decir que han sido distorsionadas”, declaró a la cadena Antena 3 el primer ministro Sorin Grindeanu, quien aseguró que “hay un motivo, claro, político en estas protestas”.

El presidente Klaus Iohannis inició el pasado martes los trámites para convocar un referendo al informar al Parlamento, institución que tiene casi tres semanas para pronunciarse, aunque su decisión no es vinculante, puesto que el Ejecutivo está obligado a celebrar el plebiscito. El referendo solicitado por el jefe del Estado, que no podrá celebrarse antes de marzo, se refiere a los planes del Gobierno socialdemócrata de aprobar por decreto una polémica modificación del código penal.

Ese cambio prevé despenalizar delitos por abuso de poder y corrupción si el perjuicio causado al Estado es menor de 44.000 euros, así como amnistiar a 2.700 condenados por delitos menores, incluidos algunos por corrupción, y reducir a la mitad la pena a los presos con más de 60 años, independientemente de su crimen.