Reducción impositiva en Rumanía a partir de 2016
Los diversos medios rumanos anunciaron el plan del ejecutivo del Primer Ministro Sr. Victor Ponta de acometer una importante reducción de los tipos impositivos, actualmente en unos niveles excesivos, como parte del “Plan para la relajación fiscal de Rumanía en el periodo 2016-2020″. El objetivo es mejorar la competitividad nacional, favorecer el desarrollo de la inversión privada, sea nacional o extranjera, reducir la evasión fiscal y la economía en negro y fortalecer las autoridades locales, según desgranó el Ministro de Hacienda, Darius Valcov.
Es bastante llamativo que sea precisamente un gobierno socialista quien emprenda una reducción fiscal tan contundente con incidencia tanto en lo impuestos directos como indirectos, tanto en los que pagan los trabajadores (y consumidores) como los que pagan las empresas. Quizá se entiende mejor si se enmarca en el contexto de la reciente pérdida, a favor de la derecha, de la Presidencia del país para la que el actual Primer Ministro postulaba. El gobierno socialista implementa una medida claramente de derechas y deja a sus contrincantes sin el argumento fiscal ante las elecciones parlamentarias del 2016. Es también un mensaje de que no piensan dejar el Gobierno antes del 2016, como les están reclamando algunas formaciones. Si el Sr. Ponta pensase en convocar elecciones para la segunda mitad del 2015, la reforma fiscal entraría ya parcialmente en vigor posiblemente en julio 2015 (el IVA, por ejemplo). Lo importante es llegar a la cita electoral anunciando “Hemos bajado los impuestos”
La lógica oficial tras este planteamiento es: reducimos la carga fiscal a niveles aceptables, con lo que ya nadie tendrá excusa para defraudar, y si afloramos toda la economía en negro, aumenta tanto la base que recuperamos una parte importante de lo que dejamos de recaudar por la reducción impositiva, al tiempo que atraemos nueva inversión extranjera por nuestra mayor competitividad.
Yo soy de los que piensan que los impuestos hay que pagarlos, todos, aunque también creo que han de ser lo más bajos posibles, y si puede ser, inexistentes. Es decir, hay que cumplir a rajatabla la ley (fiscal o la que sea), si bien la mejor ley fiscal es la que no existe.
No puedo por tanto no dejar de celebrar una medida que permitirá a que ciudadanos y empresas tengan, de entrada, más dinero en el bolsillo y que realmente puede propiciar la llegada de capitales extranjeros (que tienen ahora otros atractivos destinos con menos impuestos en los que invertir).
Dado que en Rumanía se negocian los sueldos en neto al existir una tasa única del 16%, la reducción de esta al 14% y de las cotizaciones sociales a cargo del trabajador del 10,5% al 7,5% puede que beneficie en muchos casos más a la empresa que al trabajador (aumentando realmente la competitividad de la mano de obra rumana por reducción total de costes), la reducción del IVA sí que repercutirá de forma positiva en el bolsillo de todos los ciudadanos.
La pregunta que se hacen los medios es si el aumento de base impositiva será tan grande que permita recuperar lo que el Estado pierde por la rebaja, equivalente a un 15% de los ingresos anuales.
Como beneficio adicional, se espera crear 325.000 nuevos puestos de trabajo. En Rumanía, donde a penas hay paro, eso es como decir que las zonas más industrializadas tendrán que importar trabajadores. Timisoara , por ejemplo, tiene un paro del 1,7%. Las empresas no encuentran mano de obra. Si vienen nuevas inversiones, claramente habrá que importarla de otras zonas menos ricas. Y para ello hay que hacer crecer las ciudades (más viviendas, más infraestructuras,… ). Quizá por ello se quiere aumentar paralelamente la capacidad recaudatoria de las administraciones locales. La pregunta será si el perfil de trabajador que busquen los nuevos inversores, cada vez más necesitados de personal bien formado, se podrá cubrir con trabajadores no cualificados… aunque eso es otro tema.
El plan presentado aún no ha sido votado en el Parlamento, lo será posiblemente antes del verano. Posiblemente sufra alguna modificación, aunque es de esperar que se mantenga en aceptables niveles de reducción impositiva, la necesitan como argumento electoral.