Rumanía enjuicia su pasado

Celdas en las que apenas se podía dar dos pasos. Húmedos muros y tan gruesos que no se percibía sonido alguno del otro lado. “Frío, hambre… y una soledad inhumana”, describe Valentin Cristea. A sus 88 años, este ingeniero retirado es, posiblemente, el único superviviente de Ramnicu Sarat, más conocida como “la prisión del silencio”, una de las oscuras cárceles rumanas por la que pasaron entre 1945 y 1964 —durante el régimen estalinista de Gheorghe Gheorghiu-Dej, los llamados años negros— decenas de detenidos de la élite política e intelectual de Rumania. Allí, muchos fueron torturados y sometidos a régimen de aislamiento; tanto que algunos de quienes sobrevivieron habían olvidado vocalizar. Hoy, el hombre que gobernó ese penal del este del país durante casi una década responde ante la justicia por lo sucedido tras sus muros. Se llama Alexandru Visinescu, tiene 89 años y está acusado de crímenes contra la humanidad. El proceso judicial abierto contra él, y que ha comenzado estos días en Bucarest, es el primero de estas características en Rumania, publica el diario El País.

Pocos esperaban ya ver al anciano comandante Visinescu sentado en el banquillo. Y no sólo por su edad. El país, casi 25 años después del ajusticiamiento del dictador Nicolae Ceaucescu —que gobernó tras Gheorghiu-Dej— y la caída del régimen comunista, se resiste a ajustar cuentas con su pasado. La de Ramnicu Sarat no fue, ni mucho menos, la única prisión orientada a aniquilar y silenciar toda oposición durante los años negros; tampoco el único lugar de detención del régimen de Ceaucescu. Entre 1945 y 1989 más de 600.000 personas —intelectuales, oficiales, religiosos, opositores políticos— pasaron por prisiones o campos de detención en Rumania, según ha documentado el Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo (IICCMER), un organismo creado por el Gobierno. Muchos murieron. Sin embargo, salvo la condena a un puñado de oficiales de alto rango a principios de la década de 1990 —liberados por motivos de salud— nadie ha respondido por aquello ante la justicia.

Una justicia por la que Visinescu se siente atacado. El hombre de mirada tosca no entiende por qué se le persigue ahora. Hasta que el año pasado la fiscalía inició su investigación contra él —gracias a documentos y testimonios aportados por el IICCMER—, el antiguo comandante hacía vida normal en Bucarest. Hoy, apenas sale de casa, no contesta al interfono y se resiste a abrir la puerta de su céntrico apartamento. Su abogado, que rehusó hablar con este diario, le ha aconsejado que se mantenga alejado de la prensa, con la que ha tenido varios encontronazos. Sin embargo, al final descorre los cerrojos que separan su pequeño estudio del exterior. Tras la puerta, y acompañado de un intenso olor a cerrado —como si no hubiese abierto la ventana en años—, surge un hombre encorvado, con el ceño fruncido y manos temblorosas. “Estoy saturado. Esto me está destruyendo. En este país sólo hay indiferencia por lo que me está pasando”, lamenta.

La fiscalía le acusa de la muerte de al menos 14 personas, y de someter a los prisioneros bajo su cargo a condiciones “destinadas a destruirles física y psicológicamente”. Desde que comenzó el proceso judicial, Visinescu ha reclamado su inocencia. Sostiene que se limitó a cumplir órdenes, que no era más que un peón en la cadena y que no tuvo ninguna responsabilidad en lo que ocurría en Ramnicu Sarat. “Yo no he hecho nada y mírame ahora, ¡estoy enfermo!”, reclama alisándose el cabello canoso. Un argumento, el de su mala salud, que también ha sido enunciado por su abogado en varias ocasiones.

Aunque conserva el mal genio, el anciano poco se parece al hombre recio que aún habita en el recuerdo de Aurora Dumitrescu, presa en la década de 1950 en Jilava, otra de las prisiones que gestionó Visinescu, por pertenecer a una asociación estudiantil tildada de anticomunista. “Estuve allí un año y un mes”, precisa sentada en un raído sofá de la sede de la Asociación de Antiguos Detenidos Políticos, en Bucarest. Hoy tiene 83 años y, tras las gafas de montura metálica, brilla una vivaracha mirada azul. A pesar de que las reclusas no se cruzaban apenas con los altos mandos de la cárcel, Dumitrescu vio a Visinescu un par de veces. Las dos terminó en uno de los agujeros de aislamiento —la negra— “por respondona”. “En la cárcel nos trataban como animales, vivíamos hacinadas y los golpes y las torturas, sobre todo psicológicas, eran brutales. Trataban de despojarnos de toda nuestra dignidad”, apunta.

Ioan Eremia logró salir de Ramnicu Sarat. Pero lo hizo “como un cadáver andante”, recuerda su esposa, Nicoletta Eremia. “Era alto, guapo, fuerte… y me lo devolvieron en un estado lamentable”, dice. El general Eremia, preso por escribir un ensayo satírico considerado anticomunista, murió hace 13 años. Nunca se recuperó de su paso por el penal. Allí perdió 39 kilos y casi todos los dientes. “Algunos se los arrancaron, otros se le cayeron por las condiciones sanitarias”, asegura su viuda.

Para Eremia, como para otros familiares de exprisioneros, el proceso contra Visinescu llega muy tarde. Cosmin Budeanca, director del IICCMER, reconoce que, a pesar de que la evidencia contra el excarcelero era mucha, ha costado sacarlo adelante. Su institución intentó varias veces antes llevar a los tribunales a otros dirigentes comunistas. Sin éxito. “No podemos olvidar que los sillones de mando de Rumania [que entró en la UE en 2007] están sembrados aún de antiguos cargos de Ceausescu o de sus allegados”, remarca la abogada Anca Lazar, que critica que la fiscalía haya acusado al excarcelero de crímenes contra la humanidad, “un delito que será complicado sacar adelante”.

“Vaya o no Visinescu a prisión, estamos ante un proceso moral muy simbólico para el país. Esperamos que sea solo el primero de otros muchos juicios”, expone Budeanca. Tras un cambio en el Código Penal que retira ciertas limitaciones para la persecución de delitos de la época comunista, explica, la Fiscalía Superior de Bucarest ha imputado también al director de un campo de trabajo del delta del Danubio, Ioan Ficior; e investiga a otras 33 personas. Aunque el proceso contra Ficior –hoy de 86 años– se iniciará, previsiblemente, el año que viene, las pesquisas de la fiscalía sobre el resto de casos puede durar años, explica el periodista de investigación Biro Attila del diario Gandul. Él conoce a fondo los casos, su trabajo junto al IICCMER sacó a la luz el listado de supuestos torturadores; el más joven de 65 años.

Para Dumitrescu que Alexandru Visinescu se siente en el banquillo es un avance: “Que la justicia reconozca lo que pasó, que saque a la luz los crímenes del terror de la época comunista, es importantísimo para nosotros; pero también para nuestros hijos y nuestros nietos. Este país tiene que conocer, aceptar y afrontar su historia”.

“Quienes nos pisotearon tienen poder”

Aquel día de 1959 se casaba uno de sus amigos más queridos, y a Dumitru Bazan no se le ocurrió otra cosa que levantarse en el banquete de boda y ponerse a cantar. El joven ingeniero de 25 años de Iasi (noreste de Rumania) entonó varias canciones populares. También el Desteapta-te, române! (¡Despiértate, rumano!), una tonada de tintes nacionalistas y patrióticos prohibida en 1947 por el régimen comunista. “Unos días después me detuvieron. Algún familiar o supuesto amigo me denunció”, dice.

Bazan, que hoy tiene 80 años y está en medio de la vendimia en su pequeña finca de las afueras de Iasi, fue condenado por crímenes contra el Estado. Pasó seis años en dos prisiones con otros detenidos políticos. “Todo agujeros, en los que solo seguir respirando era todo un logro”, recuerda. Pertenece a una de las pocas asociaciones de antiguos presos políticos que hay en el país. Junto a historiadores, tratan de recopilar testimonios y documentos que arrojen algo de luz sobre la época comunista de Rumania. “Un tiempo lleno de silencios”, dice. También, cuenta, aspiran a que sus indagaciones sirvan para sentar en el banquillo a sus torturadores. No es sencillo. En 2006, el Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas (IICCMER) llevó a la fiscalía amplia documentación contra 200 supuestos torturadores de la época. Fue rechazada. Hoy, solo hay dos procesos abiertos y 33 en investigación.

“Qué esperamos. Quienes nos pisotearon aún están en el Gobierno, y si no, sus hijos o nietos. Así es imposible que encontremos reparación”, dice. A Bazan le hierve la sangre cada vez que alguno de esos herederos se alza hoy en los actos oficiales para cantar el Desteapta-te, române!. La canción por la que pasó seis años entre rejas es hoy el himno nacional del país.