Se desvanece la lucha contra la corrupción en Rumania

El Congreso rumano ha aprobado una reforma del Código Penal que blinda a los cargos electos respecto a posibles sanciones por corrupción, una medida que ha sido criticada por la Fiscalía y el poder judicial como un paso atrás en la lucha contra los abusos de poder. Las enmiendas, aprobadas el martes con 240 votos a favor, 57 en contra y 4 abstenciones, establecen que el presidente de la República, los diputados y senadores ya no son considerados empleados públicos, por lo que no se puede actuar contra ellos en casos de conflicto de intereses, informan los medios locales.

La Fiscalía Anticorrupción ha advertido en un comunicado de que esta reforma impedirá que sean „procesados y castigados por delitos de corrupción o similares, incluidos el soborno, el cohecho y el abuso de poder cometidos durante el ejercicio de sus funciones”.

Además, esta institución señala que la reforma, aprobada sin debate parlamentario gracias a la mayoría parlamentaria del Ejecutivo de centro-izquierda, „entrará en contradicción con las convenciones internacionales anticorrupción ratificadas por Rumanía”.

El propio presidente, Traian Basescu, calificó estas enmiendas como „dramáticas” y añadió que „destruyen diez años de trabajo de las instituciones de anticorrupción”.

El jefe del Estado, que aún tiene que ratificar la enmienda, prometió que devolverá el proyecto al Parlamento para que sea estudiado de nuevo.

Otro organismo dedicado a la lucha contra los abusos de poder, la Agencia Nacional de Integridad (ANI), ha denunciado que lo que ha hecho el Congreso es crear una „superinmunidad” que, para empezar, echará por la borda las actuales investigaciones contra 25 senadores y diputados.

Hoy día hay otros 28 parlamentarios que han sido ya condenados o están siendo juzgados por delitos de corrupción.

Por su parte, el Consejo de la Magistratura subrayó que no ha sido informado ni consultado sobre las enmiendas y consideró inadmisible que los cargos electos „sean prácticamente eximidos de toda responsabilidad penal” por infracciones imputables a los funcionarios.

La reforma permitirá, por ejemplo, que los parlamentarios coloquen a familiares a su servicio, una práctica que ha generado múltiples acusaciones en el pasado, o que los alcaldes asignen contratos públicos a parientes.

La ANI ha denunciado que desde 2008 un total de 191 alcaldes y 79 parlamentarios han incumplido la legislación sobre integridad.

La reforma del Código Penal beneficia también a los abogados o a otros profesionales liberales, que tampoco podrán ser investigados ni sancionados por delitos de corrupción.

La modificación se aprobó tras una tentativa de los diputados de adoptar un proyecto de ley para amnistiar a los condenados a penas de cárcel no superiores a seis años, lo que habría beneficiado a varios políticos encarcelados por corruptos.

Ya a principios de año el Parlamento modificó su estatuto interno para dificultar que la Fiscalía pudiera detener o registrar el domicilio de un legislador.