¿Quién puede detener las leyes de la Justicia en Rumania? Una posible solución 'in extremis'

Con la solicitud del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de la UE, Rumanía entra oficialmente en la lista de países problemáticos de la UE, junto a Polonia. En ambos casos, el GRECO ha solicitado un informe ad-hoc, para circunstancias excepcionales, en los casos en los que exista un riesgo de violación grave de algún estándar anticorrupción. Liviu Dragnea, y la mayoría de los miembros de los partidos PSD-ALDE-UDMR, son los principales responsables del descarrilamiento de Rumanía. Nos encontramos ante en un momento vergonzoso, que afecta seriamente la imagen de Rumanía en la UE, con graves consecuencias políticas y económicas a largo plazo. ¿Qué se puede reparar de esta situación? ¿Cómo se puede evitar el descarrilamiento total?

Veamos cuáles pueden ser las soluciones para intentar retrasar o detener las modificaciones de las leyes de Justicia. Los primeros en entrar en escena tras la adopción de las leyes en el Parlamento serán el presidente Klaus Iohannis y los diputados de la oposición. Estos pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional y tienen motivos suficientes para hacerlo. Pueden recurrir, con grandes posibilidades, al establecimiento de la sección especial para investigar a los magistrados por el mero criterio discriminatorio de su profesión, que acabará por quitarles la garantía de independencia otorgada por la ley vigente. El Tribunal Constitucional no podrá ignorar las pruebas y argumentos, que son difíciles de rebatir. Aún quedan grandes juristas allí, espero que todavía se aferren a su reputación.

Por lo tanto, el mismo Tribunal Constitucional podría invocar las razones alegadas por el GRECO (marzo de 2018) para justificar la prorrogación de una decisión. El Tribunal Constitucional mostraría una actitud incorrecta al juzgar el caso antes que el grupo anticorrupción, una instancia supraestatal, y al pronunciarse sobre las leyes de Justicia. Mientras tanto, para aumentar la presión externa, Klaus Iohannis podría dirigirse por separado a la Comisión de Venecia para solicitar desde allí el punto de vista de la misma, junto a la del GRECO. También sería más difícil para el Tribunal Constitucional resolver la causa de forma acelerada, tras el modelo del Parlamento.

Sin embargo, si el Tribunal Constitucional ignora todas estas señales externas y aprueba las enmiendas clave propuestas por la mayoría del PSD-ALDE-UDMR para poner a la justicia bajo control, el presidente Klaus Iohannis no tendrá nada que hacer. Tiene derecho, de acuerdo con la Constitución, a devolver al Parlamento una ley, pero una sola vez. Claro está, también existe la opción de un referéndum, pero aquí hay que sopesar bien el momento. Un referéndum previsto para enero o febrero, con todo el frío del invierno, corre el riesgo de ser un fiasco.

En cualquier caso, el Parlamento se reunirá de nuevo en febrero para resolver la solicitud de reconsideración de Klaus Iohannis. Aunque las leyes regresen a Cotroceni sin las correcciones necesarias, y el presidente tenga que promulgarlas, todavía existirá una solución. La última. Y esta vez la solución estará en manos del primer ministro Mihai Tudose.

Él es el último que puede intervenir, in extremis, con una ordenanza de urgencia para exigir la prorrogación de la aplicación de las leyes de Justicia. No olvidemos que la entrada en vigor de los nuevos Códigos fue pospuesta durante años por el gobierno de Boc, a través de ordenanzas de urgencia. De acuerdo con la Constitución, cualquier ley entra en vigor al tercer día tras ser publicada en el Boletín Oficial. Por lo tanto, hay tiempo suficiente para que el Gobierno intervenga a través de una ordenanza de urgencia. Inevitablemente se va a llegar este punto y es bueno que la Plaza Victoria siga libre para las protestas.

Estas leyes también pueden detenerse mediante diversas prorrogaciones o mediante su modificación por parte del Gobierno. Y eso es lo que se va a hacer, lentamente. El primer ministro Tudose, le guste o no, puede tener la última palabra. Puede llevar a cabo más que una simple prorrogación. Él tiene poder de modificarlas, también a través de la ordenanza de urgencia. Nada le impide reparar, durante la prorrogación de las leyes, el enorme mal que ha hecho el Parlamento. ¿Qué le impide volver a instaurar la independencia de los fiscales, eliminar la sección especial o regular otros excesos de la ley con respecto a la responsabilidad de los magistrados? La decisión será suya. Todo depende de cómo se posicione el Gobierno: a favor o en contra de Rumanía.

Obviamente, si llegara ese momento, el primer ministro Mihai Tudose perdería instantáneamente el apoyo de la coalición PSD-ALDE. Tiene una posibilidad de evitar la decapitación: tomar el control del partido hasta entonces. Por esta razón, de ahora en adelante, y hasta el final de este asalto contra Rumanía, la reacción de la calle juega un papel fundamental. Ni el Departamento de Estado, ni el GRECO, ni la Comisión Europea, ni los embajadores de los estados occidentales lucharán más por Rumanía de lo que luchamos nosotros mismos. El hecho de que los rumanos hayan protestado día tras día en la calle no ha pasado desapercibido. Todos estos socios externos, impresionados por las reacciones internas y el drama de la situación, han sentido la obligación de actuar.

Los que salen a la calle deben saber que no se han movilizado en vano y que no están solos. Tienen de su parte a más de la mitad del cuerpo de magistrados de Rumanía, al Departamento de Estado, al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y a al menos diez embajadas occidentales. Una buena parte de Rumanía piensa lo mismo que ellos. Por la otra parte solo quedan los abogados de los ladrones dedicados a la política y los medios, y unos pocos magistrados que insisten en ponerse en evidencia.

Texto traducido por Alicia Sevilla