Rumanía investiga sobornos en caso Microsoft

Varios antiguos ministros y hombres de negocios rumanos están siendo investigados por la fiscalía anticorrupción por el supuesto cobro de sobornos millonarios en la compra de programas Microsoft. Nueve exministros son objeto de la investigación de la fiscalía anticorrupción (DNA), que pidió el viernes la suspensión de su inmunidad para poder enjuiciarlos por tráfico de influencia, corrupción y blanqueo.

La DNA investiga un contrato para la compra de licencias de la empresa estadounidense Microsoft, que en 2004 el gobierno rumano concluyó con Fujitsu Siemens Computers, una empresa que entonces se presentaba como distribuidor único de estos productos, cuenta AFP.

Testigos citados en un informe de los fiscales enviados al Parlamento detallan el circuito de decenas de millones de dólares o de euros en comisiones pagados a miembros de los sucesivos gobiernos entre 2001 y 2012 y a hombres de negocios, intermediarios en este caso.

El ministro de Comunicaciones entre 2008 y 2010 Gabriel Sandu habría recibido tres millones de euros y habría reclamado 1,8 millones más para favorecer a dos compañías.

Los empresarios Dorin Cocos y Gheorghe Stefan habrían recibido unos 13 millones de euros en total en 2009 por mediar ante el primer ministro demócrata-liberal Emil Boc y dos de sus ministros a favor de estas compañías.

Uno de los testigos cita también al actual primer ministro socialdemócrata Victor Ponta que, en 2004, en calidad de jefe del cuerpo de control del gobierno, habría mediado para facilitar a Fujitsu Siemens la obtención de un contrato con el ministerio de Educación.

“A cambio de este apoyo, Fujitsu Siemens Computers equipó con ordenadores la sede de la Juventud Social Demócrata”, de la que Ponta era presidente, asegura este testigo, sin precisar si este último obró o no en favor de esta sociedad. Ponta niega cualquier implicación en este caso.

Según la DNA, “de los 54 millones de dólares que el gobierno pagó por este contrato, 20 millones eran comisiones que las personas implicadas reclamaban, tanto en el seno de los ministerios como de las compañías privadas”.

Los fiscales aseguran que han identificado pagos bancarios procedentes de las compañías implicadas en estos contratos, en las cuentas de al menos tres de los antiguos ministros investigados.