La UE exige al Gobierno de Bucarest que mejore la calidad democrática

Tres ministros del Gobierno rumano están siendo investigados por corrupción, los jueces que intentan combatirla —en ocasiones hasta sus familias— sufren amenazas personales o acoso de los medios de comunicación y el organismo nacional que debe velar por la transparencia del sistema continúa sin líder. Así es el retrato que dibuja la Comisión Europea de Rumanía, miembro de la familia comunitaria desde 2007 pero con una realidad distinta de la que se espera de un Estado europeo, relata El País.

El análisis que divulgó ayer Bruselas difiere poco del realizado hace seis meses, a pesar de que entonces se formularon serias advertencias para enmendar la situación. “Aún queda mucho por hacer”, destaca el informe.

La Comisión ha querido rebajar el tono, pero no la contundencia de su evaluación sobre el panorama político y judicial en Rumanía. Si en julio el presidente comunitario, José Manuel Durão Barroso, lanzó un discurso en el que hablaba de quiebra de confianza en el país, en esta ocasión se ha limitado a una frase escrita para expresar su confianza en que el nuevo Gobierno, dirigido por el anterior primer ministro, el socialista Victor Ponta, acometa las reformas exigidas.

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Prácticamente el único avance constatado se refiere a la reinstauración del orden constitucional. Con el objetivo de destituir al presidente del país, Traian Basescu, Ponta intentó saltarse las normas que impuso el Tribunal Constitucional ante el referéndum convocado para decidir sobre la continuidad de Basescu. La Comisión considera cerrado ese capítulo y saluda la elección de un Defensor del Pueblo, como había pedido en julio.

A partir de ahí comienzan los reproches. El principal se refiere a la independencia judicial, “una gran fuente de preocupación”. La Comisión dice haber recibido numerosas quejas sobre intimidación o acoso a personas que trabajan contra la corrupción. Esos casos incluyen amenazas personales a jueces y a sus familias y campañas de medios de comunicación que derivan en acoso. Preguntado sobre qué fuentes de información ha utilizado Bruselas para documentar esos casos, el portavoz encargado de presentar el documento eludió dar detalles. “Hay un buen número de casos; y en más de uno o dos se han pasado de la raya”, aseguró aludiendo a campañas mediáticas contra jueces y otros funcionarios.

Respecto a la corrupción de alto nivel, los técnicos de la Comisión acreditan “progresos significativos” pero deploran la escasa atención prestada a la agencia que vela por la integridad de los cargos públicos. Así, cita el ejemplo de los tres ministros investigados por corrupción y pide que haya dimisiones cuando la agencia constate irregularidades. Entre las tareas pendientes, Bruselas recoge el nombramiento de un fiscal anticorrupción.

El Gobierno rumano rebate estas afirmaciones y lamenta los “errores materiales” que contiene el informe comunitario. Fuentes diplomáticas de este país aseguran que los tres ministros investigados ya dimitieron antes de las elecciones de diciembre, pero un portavoz oficial de la Comisión opone que no se trata de los mismos, sino de otros tres miembros del nuevo Ejecutivo (vicepresidente y ministros de Economía y de Transportes) que siguen en el cargo.

Más allá de rebatir los datos, Rumanía confía en que este informe no entorpezca la adhesión de Bucarest al espacio Schengen (libre circulación de personas en Europa). El portavoz de la Comisión aseguró ayer que los dos procesos se tratarán de forma separada, aunque muy probablemente la radiografía sobre la calidad de la democracia rumana influya en la posición de los Estados comunitarios sobre Schengen.

Estas conclusiones estarán presentes en la reunión que mantendrán el lunes Barroso y Ponta, en principio convocada para hablar de los presupuestos comunitarios y los fondos europeos para Rumanía. Tanto este país como Bulgaria se someten a una periódica evaluación política y judicial desde que accedieron a la UE porque se considera que aún no cumplen los estándares.