¿Amaño en la política rumana?

Desde hace más de un año, los escándalos de corrupción venían salpicando al anterior Gobierno de centroizquierda, encabezado por Victor Ponta. El depuesto primer ministro se vio inmerso en medio de una ofensiva contra la lacra de la corrupción lanzada por la Fiscalía, quien lo acusa de varios cargos: blanqueo de dinero, evasión fiscal y falsedad documental. El ex número dos, Gabriel Oprea, estuvo envuelto en un caso de abuso de poder, tras la muerte de un policía que lo escoltaba por la plaza Universitate de Bucarest, al caer con su moto en un hoyo. Además, varios antiguos ministros promovidos por el exlíder socialdemócrata se vieron obligados a abandonar sus puestos por acusaciones de cohecho, malversación de fondos,… una retahíla larga de ilegalidades.

El exjefe socialdemócrata aguantaba el chaparrón judicial y se cerraba a su cargo al asegurar que pretendía quedarse hasta las legislativas de finales del próximo año. Había perdido la confianza de su partido, incluso de su nuevo presidente, Liviu Dragnea. Pero, un trágico suceso llevó su idea al traste. El pasado 30 de octubre, un incendio en una discoteca bucarestina se saldó con al menos 60 fallecidos a causa de los fallos de seguridad propiciados por la corrupción. Este siniestro empujó a decenas de miles de ciudadanos a salir a la calle para protestar contra una clase política a la que acusan de corrupta. Un miércoles, Ponta presentó su dimisión y, por consiguiente, la salida de su Gobierno, una decisión que de lejos sirvió para calmar la ira de la población rumana. Las protestas continuaron hasta que el presidente Klaus Iohannis, un liberal de origen germano, obtuvo la salida de Ponta, la menos deshonrada. No se marchó por sus problemas judiciales, sino por el trágico accidente como solución para regenerar una clase política.

El jefe de Estado vino con una propuesta, el otrora liberal Dacian Ciolos, aunque no esté afiliado a ningún partido político. El flamante primer ministro gobierna ahora con el apoyo de las dos principales fuerzas, el Partido Social Demócrata y el Partido Nacional Liberal. Ambas formaciones han alcanzado un consenso, del que ya se preveía. Había miembros de su partido que sabían que el Gobierno desaparecería en otoño. Sólo faltaba la excusa: el siniestro.

Las dos facciones están incluso colaborando en la alcaldía de Bucarest, después de que se quedara huérfana tras el arresto de su alcalde, Sorin Oprescu. Precisamente este martes, votaron conjuntamente para destituir al regidor interino y, en la misma noche, acordaron reunirse para nombrar a su sustituto. Sin duda, una rápida cooperación. Curiosamente, diputados de ambos partidos están callando, limitándose a dejarse llevar por el nuevo Gabinete. Los socialdemócrata quieren mantener su cuota de poder y los liberales saben que también hay gente acechada por la justicia y que tampoco han hallado la fórmula exacta para esquilmar la corrupción de la sociedad, extendida a lo largo y ancho de los espectros sociales.

Los socialdemócratas y los liberales ya confabularon para unir sus fuerzas con el propósito de alcanzar el poder en las legislativas del 2012 y antes para derrocar al expresidente Traian Basescu en dos procesos de destitución. También votaron a favor de la subida de las nóminas a los funcionarios horas antes de que los nuevos ministros prometieran sus cargos, como medida electoral, más que por el bien del país, a sabiendas de que pueden perjudicar la maltrecha economía rumana. La corriente ha dejado de pegar fuerte y vientos de cooperación avecinan, aunque ¿ya estaba pactada esta repentina colaboración? ¿Fue un amaño la salida de Ponta? Lo que si ha quedado patente es que la ciudadanía ya no pide la disolución del Parlamento, una de las exigencias que circulaban entre los manifestantes.