Condenan al presidente del PSD de Rumania por abuso de poder

​La Alta Corte de Casación y Justicia de Rumanía condenó el jueves a 3 años y medio de cárcel a Liviu Dragnea, presidente del Congreso y líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD), por abuso de poder al haber cobrado subvenciones por la creación de empleos inexistentes. Dragnea, que fue eximido de falso testimonio, aún puede recurrir la decisión del tribunal supremo.

La Fiscalía considera que cuando ejercía como presidente del Consejo Provincial del distrito de Teleorman, Dragnea intervino para que dos trabajadores de un organismo público recibieran sueldos por empleos que no existían y que recibían subvenciones estatales.

La acusación pública cree que esos dos empleados trabajaban en realidad para la filial local del PSD, que Dragnea lideraba, lo que generó un perjuicio a las arcas públicas de hasta 24.000 euros entre 2006 y 2012.

Dragnea, que ha insistido en repetidas ocasiones su inocencia, dijo que no deseaba a nadie, ni siquiera a sus enemigos, que viviera un proceso como el suyo

Horas antes de que comenzara este proceso, a principios de 2017, el Gobierno socialdemócrata adoptó por decreto una ley que eliminaba las penas de cárcel para los casos de abuso de poder que implicaran cantidades inferiores a los 44.000 euros.

Esa polémica reforma judicial desató la mayor oleada de protestas callejeras desde la caída del régimen comunista, en 1989, lo que obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás.

Dragnea está considerado como el auténtico hombre fuerte del Gobierno, aunque oficialmente está inhabilitado para ser primer ministro por una sentencia de 2016 por fraude electoral.

La Fiscalía Anticorrupción (DNA) lo acusa también, en un proceso judicial distinto, de haber creado una organización criminal, de abuso de poder y de malversación de fondos europeos.

Hace casi dos semanas, Dragnea organizó un mitin en Bucarest en el que arremetió contra los fiscales por supuestamente „fabricar pruebas”.

La Fiscalía ha llevado ante los tribunales a más de mil políticos -entre ellos un exprimer ministro y ministros- por casos de corrupción.