El Senado de Rumania adopta una ley de la polémica reforma judicial

​El Senado rumano adoptó este martes un proyecto de ley que modifica el estatuto de los jueces y fiscales, una medida criticada por socavar la independencia de la justicia. Los legisladores del gobernante Partido Social Demócrata sacaron adelante la propuesta con 80 votos a favor frente a ningún voto en contra debido a que la oposición de centro derecha boicoteó la votación al marcharse de la sala. Ahora, el proyecto de ley deberá ser promulgado por el presidente Klaus Iohannis, quien podría reenviarlo al Parlamento para una segunda revisión.

Mientras tanto, los opositores Partido Nacional Liberal (PNL) y la Unión Salvad Rumanía (USR) ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional, por lo que podría alargarse su adopción hasta principios de 2018. Al mismo tiempo, varias organizaciones de la sociedad civil y la asociación de estudiantes hicieron hoy un llamamiento para protestar contra una reforma judicial a la que consideran que perjudica la lucha contra la corrupción.

La nueva ley incluye cambios en la inspección judicial sobre la conducta de los jueces y en la elección de los fiscales, en la que el presidente ya no tendría el derecho a veto de los candidatos. Pero también aparece una serie de enmiendas en las que se regulan la responsabilidad material de los magistrados, de manera que “un error judicial conllevará la responsabilidad de los jueces y los fiscales sólo en la hipótesis de si han ejercido su cargo con mala fe o negligencia grave”.

Si se produjera este caso, el Ministerio de Finanzas estará obligado a recuperar las pérdidas provocadas por un error del juez que emitió la sentencia directamente del magistrado, lo que podría distorsionar el dictamen judicial, según los expertos. El proyecto de ley, que forma parte de una vasta reforma judicial, está siendo dirigida por Florin Iordache, exministro de Justicia que dimitió en febrero por la ola de protestas más importantes desde la caída del comunismo en 1989 tras un decreto ley que suavizaba la lucha contra la corrupción.