Iohannis, revalida la presidencia de Rumania

El jefe del Estado recabó un 63% de los votos, mientras que los socialdemócratas registraron sus peores resultados desde la caída del régimen comunista, hace treinta años.

Victoria Dancila, la dirigente del Partido Socialdemócrata (PSD) y rival de Iohannis, obtuvo un 37% de los votos. Dancilia, de 55 años, dirigió el gobierno durante casi dos años, hasta que fue derrocada en octubre por el Parlamento.

El PSD, un partido de izquierda con tintes euroescépticos que ha dominado la política rumana desde 1990, pagó así su impopularidad creciente vinculada, sobre todo, con sus intentos de debilitar la justicia en la lucha contra la corrupción y a los escándalos que salpicaron a buena parte de sus diputados.

La formación socialdemócrata, heredera del antiguo partido comunista, fue acusada en los últimos años de socavar el Estado de derecho y de apartar a Rumania de la escena europea.

Klaus Iohannis, exprofesor de Física de 60 años, partía como gran favorito y contaba con el apoyo de decenas de miles de rumanos que salieron a las calles desde 2017 para denunciar las reformas de la justicia ideadas por la izquierda.

Una electora de Bucarest, Cristina, de 42 años, trabajadora del sector sanitario, afirmó que esperaba que “prevalezca la democracia, para que los rumanos puedan por fin vivir en paz” y cerrar el capítulo de las reiteradas crisis causadas en los últimos años por los socialdemócratas.

Tras 21 meses caóticos, el gobierno de Dancila fue tumbado en octubre por el parlamento y reemplazado por un gabinete de centro derecha bajo la dirección del Partido Nacional Liberal (PNL), del que proviene Iohannis.

Esta brutal salida de escena debilitó la candidatura de la ex primera ministra en un contexto en el que el PSD, que había dominado la vida política rumana desde 1990, multiplicó los reveses tras su victoria en las legislativas de 2016.

Durante sus casi tres años de convivencia agitada con la izquierda, Iohannis libró una guerra de desgaste para obstaculizar la reforma del sistema judicial llevada a cabo por el PSD.

Según el sociólogo Alin Teodorescu, esta reforma, denunciada por Bruselas como un atentado al Estado de Derecho, fue impugnada durante meses por decenas de manifestantes y costó al PSD más de un millón de votos.