La Vanguardia: ​Costa Rica y Madagascar, refugiados dorados de los políticos rumanos corruptos

​Costa Rica y Madagascar, países sin acuerdos de extradición con Rumanía, se han convertido en los refugios dorados de algunos políticos prófugos del país balcánico acusados o condenados por corrupción, publicó el diario La Vanguardia.

Elena Udrea, exministra de Turismo y Desarrollo Regional condenada a seis años de cárcel por abuso de poder y soborno, se encuentra en Costa Rica desde el pasado 7 de febrero.

Los periodistas de investigación del medio rumano Rise Project descubrieron su paradero y, más tarde, un ciudadano publicó unas fotografías en Facebook, en las que aparece en un restaurante junto a otra prófuga, su amiga Alina Bica, exfiscal contra el crimen organizado con dos sentencias de prisión en primera instancia.

„No entiendo toda esta histeria de la fuga. Si nos vamos de vacaciones o a visitar a un amigo resulta lo mismo, no me escondo”, dijo Udrea a Romania TV.

Udrea, que espera en mayo la decisión del recurso contra su condena, contó que no lleva en el país centroamericano una vida de lujos como la que disfrutaba en Bucarest.

„Quién se imagine que Costa Rica es un país del tercer mundo debe saber que uno no se puede permitir lo mismo que en Rumanía, es muy difícil comprarte una casa o un coche, la comida en el supermercado cuesta tres o cuatro veces más”, lamentó Udrea.

La exministra liberal ha presentado incluso una solicitud de asilo en Costa Rica, un paso que anunció su abogado hace dos semanas.

Además de Costa Rica, el otro destino dorado con el que sueñan algunos prófugos es Madagascar.

El polémico exalcalde socialdemócrata de Constanza Radu Mazare, que tiene pendientes siete juicios por otras tantas causas de corrupción, anunció a finales de diciembre a su abogado que iba a pasar una larga temporada en el país africano.

„En Rumanía no hay ninguna oportunidad de una justicia correcta, independiente, objetiva e imparcial. Por este motivo, he decidido solicitar asilo político en Madagascar. Cuando en Rumanía exista una justicia real, regresaré”, dejó escrito Mazare en una carta.

El excéntrico político, un reconocido amante de los deportes acuáticos, ha destinado parte de la fortuna que amasó en Rumanía a abrir un complejo turístico en la república insular situada en el sureste de África.

En los medios rumanos sus fotos en la playa, con el torso desnudo o bañándose en aguas cristalinas, han levantado un aluvión de comentarios.

La opinión pública, expertos judiciales y las autoridades asisten con cierta estupefacción a la fuga de estos políticos y no ocultan su preocupación de que otros puedan seguir sus pasos.

Rumanía no tiene acuerdos judiciales con Costa Rica y Madagascar y deberá recurrir a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para solicitar una extradición que, además, se puede complicar con las peticiones de asilo.

„Se acogen a una norma de la ley de inmigración que establece que cualquier petición de extradición se suspende durante el periodo de resolución de la solicitud de asilo”, explica a Efe Cristian Pantazi, periodista de investigación de G4 Media.

Hasta un año puede durar la tramitación de la petición de asilo, dependiendo de las leyes migratorias de cada país.

Mientras tanto, la única reacción del Gobierno ha sido destituir al embajador encargado de Costa Rica y tomar contacto con las autoridades de Madagascar.

„La fuga de unos antiguos altos cargos condenados o esperando sus veredictos por casos de corrupción proyecta, desafortunadamente, la imagen de un Estado deficiente”, afirma Pantazi.

„Estos personajes se están riendo de las instituciones estatales”, lamenta el periodista, que señala que la actual coalición gubernamental formada por socialdemócratas y liberales han desatendido la lucha contra la corrupción.

Por primera vez desde la adhesión a la Unión Europea en 2007 Rumanía presenta retrocesos en la lucha contra la corrupción, después de que la Justicia rumana cosechara elogios de la Comisión Europea por procesar a más de mil cargos políticos como ministros, diputados y alcaldes.

Una reforma judicial aprobada a finales del pasado año por el Parlamento ha sido criticada por numerosos expertos porque consideran que socava la independencia judicial y suaviza las penas por corrupción. El cambio legislativo desató protestas multitudinarias.

„La Fiscalía Anticorrupción ha quedado como la única institución que sigue luchando contra esta lacra. Las demás han abdicado”, subraya a Efe Mihai Mitrica, un analista político.

El Gobierno liderado por los socialdemócratas ha pedido la destitución de la fiscal anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, una de las figuras más populares del país, al considerar que sus investigaciones son „políticas” y no judiciales.