Miles de ciudadanos salen a la calle en Rumania contra una polémica ley que reduciria la independencia de la justicia

Alrededor de 30.000 personas protestaron este domingo en varias ciudades de Rumanía contra un polémico proyecto que modifica la ley del sistema judicial, a la que denuncian que reduciría la independencia de la justicia. “No queremos ser una nación de ladrones”, “Justicia, no corrupción” y “Abajo el Gobierno” gritaron los miles de ciudadanos reunidos ante la sede del Ejecutivo.

En Bucarest, más de 20.000 personas se manifiestan contra el proyecto de ley propuesto por el Gobierno socialdemócrata; en Cluj, unas 5.000; en Timișoara, unas 4.000; y en Iasi y Sibiu, unas 2.000 personas.

A finales de agosto, el ministro de Justicia, Tudorel Toader, presentó un proyecto de reforma del sistema judicial que generó duras críticas entre las que se encontraban las del presidente Klaus Iohannis, quien lo calificó como un “ataque contra el Estado de Derecho”.

La oposición sostiene que esta medida permitiría a Toader presionar a los jueces, mientras que más de 3.500 magistrados habían firmado una petición para retirar el proyecto de ley.

Entre las propuestas se hallan la reducción de las competencias de la fiscalía anticorrupción (DNA), organismo que ya no podría investigar a los magistrados, al mismo tiempo que los fiscales jefes de la Fiscalía General y del DNA ya no serían designados por el jefe del Estado.

En la actualidad, el presidente nombra a los fiscales jefes propuestos por el propio primer ministro de Justicia, después de recibir el visto bueno, aunque no es vinculante, del Consejo Superior de Magistratura (CSM). Toader anunció también el control de la Inspección Judicial del CSM, el principal guardián que protege la independencia de la justicia.

Por su parte, la Fiscalía General levantó una “señal de alarma” por la creación de una sección para investigar a los magistrados y trasladar la Inspección Judicial a manos del Ministerio de Justicia.

En febrero, la mayor oleada de protestas desde la caída del comunismo en 1989 provocó que el Gabinete socialdemócrata retirara una controvertida ley que preveía suavizar la lucha contra la corrupción.