Unos mil magistrados piden que no se imponga el control político sobre la justicia en Rumania

Unos mil de los nueve mil magistrados de Rumanía (6.500 jueces y 2.9000 fiscales) solicitaron en un carta enviada al primer ministro Mihai Tudose y al ministro de Justicia Tudorel Toader que se retire el proyecto de reforma del sistema judicial. Los firmantes aseguran que “no se puede aceptar regresar al pasado, a las normas legislativas existentes antes de 1989 (cuando cayó la dictadura comunista) mediante la imposición del control político de la justicia”. Además, señalan que todas estas modificaciones incumplen lo que indica el Mecanismo del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV).

A finales de agosto, Toader presentó un proyecto de reforma del sistema judicial que generó duras críticas entre las que se encontraban las del presidente Klaus Iohannis, quien lo calificó como un “ataque contra el Estado de Derecho”.

Entre las propuestas se hallan la reducción de las competencias de la fiscalía anticorrupción (DNA), organismo que ya no podría investigar a los magistrados, al mismo tiempo que los fiscales jefes de la Fiscalía General y del DNA ya no serían designados por el jefe del Estado.

En la actualidad, el presidente nombra a los fiscales jefes propuestos por el propio primer ministro de Justicia, después de recibir el visto bueno, aunque no es vinculante, del Consejo Superior de Magistratura (CSM).

Toader, quien precisó que nos trata de una amnistía, anunció también el control de la Inspección Judicial del CSM, el principal guardián que protege la independencia de la justicia.

Por sus parte, la Fiscalía General levantó una “señal de alarma” por la creación de una sección para investigar a los magistrados y trasladar la Inspección Judicial a manos del Ministerio de Justicia.