VIDEO Alrededor de 20.000 ciudadanos protestan en Rumania contra las modificaciones de las leyes sobre la justicia

Alrededor de 20.000 ciudadanos protestaron este domingo en Rumanía contra el Gobierno socialdemócrata por unas controvertidas modificaciones de las leyes sobre la justicia, que se está debatiendo en la actualidad en el Parlamento, de las que denuncian que reducirían su independencia frente al poder político. “Unidos, salvamos toda Rumanía”, “Dimisión” y “Nido de ladrones y mafiosos” gritaron cerca de las quince mil personas concitadas ante la sede del Ejecutivo en Bucarest, en una manifestación en la que también participaron líderes de la oposición de centro derecha.

“Lucharemos contra el Partido Socialdemócrata en todos los frentes y aseguraremos las libertades de los ciudadanos y la independencia de la justicia”, declaró a la prensa el presidente del Partido Nacional Liberal. Ludovic Orban. En Timisoara, Cluj-Napoca y Sibiu salieron unos 2.000 ciudadanos, respectivamente; en Brasov, unos 1.500; y en Iasi, unos 1.000 manifestantes.

Los legisladores están debatiendo actualmente un proyecto de reforma del sistema judicial que ha provocado duras críticas entre las que se encuentran las del presidente, quien lo calificó como un “ataque contra el Estado de Derecho”, la Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Entre las propuestas se hallan la reducción de las competencias de la fiscalía anticorrupción (DNA), organismo que ya no podría investigar a los magistrados, y el control de la Inspección Judicial del Consejo Superior de Magistratura, el principal guardián que protege la independencia de la justicia.

Según los especialistas, la rapidez del debate en el Parlamento sobre la ley de la justicia se debe a que la Fiscalía Anticorrupción acusó en noviembre al líder socialdemócrata, Liviu Dragnea, de crear un grupo criminal, abuso de poder e información falsa en un caso de malversación de fondos europeos.

Dragnea, quien también ocupa la función de presidente del Parlamento, fue condenado en 2016 a dos años de prisión sin cumplimiento por fraude electoral, una condena que le impidió presentarse como candidato a primer ministro en las elecciones legislativas de diciembre pasado, que su formación política ganó rozando la mayoría absoluta. Sin embargo, sus problemas con la justicia no terminan ahí al ser acusado también de abuso de poder en otro caso de empleos ficticios, una acusación que rechazó.