Atención a la ley de reforma de Tudorel Toader, ministro de Justicia de Rumania: Cómo somete el poder político a los fiscales y a la justicia

El ministro de Justicia de Rumania, Tudorel Toader, compareció el pasado 25 de octubre en Comisión Especial del Parlamento para presentar el proyecto de ley que ha suscitado un descontento masivo entre los magistrados.

La esencia de dicho proyecto radica en un aumento considerable del papel del ministro de Justicia en el control de las actividades de los magistrados, como el nombramiento de fiscales jefes, excluyendo así de este proceso al jefe del Estado.

Asimismo, uno de los cambios con mayor efecto negativo a largo plazo, refuerza la idea de que el Ministerio Público forme parte del poder ejecutivo y deje de funcionar como una institución independiente.

Estos son algunos de los cambios más importantes que recoge el proyecto de ley:

• El presidente de Rumanía quedará excluido del proceso de nombramiento de fiscales jefes.

• El ministro de Justicia dispondrá de mayor poder y de control en las actividades de los magistrados: nombramiento de fiscales jefes, aprobación del establecimiento de servicios territoriales, oficinas o nuevos departamentos de la Fiscalía Anticorrupción (DNA), designación de la futura Dirección de Investigación de infracciones cometidas por magistrados.

• El ministro de Justicia deberá presentar un informe anual en el Parlamento, concerniente a la actividad de la Dirección de Investigación mencionada anteriormente, lo que puede considerarse una forma de rendir cuentas al poder político.

• La Inspección Judicial será una institución autónoma, no dependerá ni del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) ni del Ministerio de Justicia, pero no sabemos si los futuros inspectores y la organización de la Inspección serán designados por un organismo del poder político o por el cuerpo de magistrados.

• Haga click aquí para acceder a los tres proyectos de modificación de la ley de justicia.

La primera enmienda de la Ley nº 304/2004 dispone que «el Ministerio Público ejercerá sus funciones bajo la autoridad del ministro de Justicia, a través de los fiscales». Esta modificación, propuesta por Tudorel Toader, pondría a la Fiscalía bajo el control del ministro de Justicia, y de este modo el poder político podría ejercer su influencia sobre los fiscales.

Actualmente, la Constitución dispone lo siguiente: «los fiscales ejercerán sus funciones de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y control jerárquico, bajo la autoridad del Ministro de Justicia». Sin embargo, en este caso, se trata de una alusión a la autoridad simbólica del ministro de Justicia sobre los fiscales. Tudorel Toader ha decidido ir un paso más allá y hacer su propia interpretación de la Constitución para posicionarse al frente de las fiscalías y lograr un mayor control del Ministerio Público por parte del poder ejecutivo.

Otro cambio notable de este proyecto de ley es que la organización de la Fiscalía Anticorrupción (DNA) no estará completamente en manos del fiscal jefe de la misma, dado que las decisiones que tome deberán contar con la aprobación del ministro de Justicia. Además, Tudorel Toader ha propuesto la creación de una Dirección especial de Investigación de infracciones cometidas por los magistrados de la Fiscalía del Tribunal de Casación y Justicia. Esta dirección estará compuesta por unos 50 empleados (fiscales y personal auxiliar), y el ministro de Justicia será el encargado de nombrar al director de la misma. La única prueba de admisión será una entrevista ante una comisión creada para dicho fin, un método que facilita la asignación de puestos de forma arbitraria.

Los cambios pueden parecer insignificantes si nos fijamos de forma aislada en cada uno de ellos. Sin embargo, si los analizamos en su conjunto, muestran una clara intención por parte del ejecutivo de intervenir en las actividades de los fiscales aumentando las competencias del ministro de Justicia. El proyecto de ley todavía no se ha aprobado, el Gobierno está a la espera de recibir la aprobación de la Comisión de Venecia, que se reunirá en diciembre. Sin embargo, Tudorel Toader decidió presentarlo en el Parlamento para ir agilizando el proceso.

De momento, ni el presidente Klaus Iohannis ni la oposición han reaccionado ante este proyecto de ley. Su falta de interés facilita el asalto a la justicia a manos del PSD y de la Alianza Liberal (ALDE), sin que se oponga resistencia alguna. Es probable que todos estos cambios entren en vigor en el mes de diciembre, durante las vacaciones, asegurándose así de que la reacción pública sea mínima.

Texto traducido por Alicia Sevilla.