Hablando con Daniel Morar

En lugar de aceptar un puesto honorífico, el exjefe anticorrupción ha preferido cerrar las puertas a la institución judicial y denunciar la injerencia de los políticos en los nombramientos de los magistrados. Una práctica que contribuye a retrasar la entrada de Rumanía al espacio Schengen. La marcha el 5 de abril de Daniel Morar del puesto de primer fiscal general adjunto del Alto Tribunal de Casación y Justicia ha enojado a muchas personas. Pero lo que les ha molestado no es su marcha en sí, que ha alegrado a más de uno, sino cómo lo ha hecho: denunciando públicamente la negociación política entre el presidente Traian Basescu [de derecha] y el primer ministro Victor Ponta [de centro-izquierda] sobre el nombramiento de los fiscales jefes [en el Alto Tribunal y en la Dirección Nacional Anticorrupción o DNA]. La mayoría esperaban que se callara y que consintiera el acuerdo entre Ponta y Basescu, sobre todo después de que el presidente le nombrara juez en el Tribunal Constitucional.

Pero Morar, exdirector de la DNA, considera que no está en deuda con nadie y que es libre de realizar su trabajo hasta el final. El „hombre de Basescu”, como le llamaban sus detractores, comenzó su carrera oponiéndose judicialmente al presidente [entonces ministro de Transportes] en el escándalo llamado de „La flota” [una serie de presuntos casos de corrupción tras la privatización de la flota mercante rumana en los años noventa] y la finaliza también con posiciones antagonistas en el ámbito político. Deja el sistema después de casi ocho años de investigaciones con las que ha demostrado hasta el último minuto que era como se le suele describir: un fiscal purasangre.

Conocí a Daniel Morar antes de que asumiera las riendas del DNA. La ministra de Justicia, Monica Macovei, me llamó en 2005 para pedirme que me entrevistara con una persona que iba a proponer como director de la Fiscalía Nacional Anticorrupción, que por entonces aún no se llamaba DNA. Acepté su petición.

Recuerdo únicamente que hablaba poco y con firmeza, con un marcado acento de Cluj [una población al noroeste del país] y que su rostro tenía una extraña palidez. Ya no recuerdo los detalles, pero sé lo que respondí a Macovei cuando me preguntó qué me parecía. Indeciso, le dije: „Sería capaz de detenerte si te descubriera infringiendo la ley”. Este nativo de Transilvania de aspecto frágil, que aún no ha cumplido los cincuenta años, mostraba siempre un rostro grave. De él emanaba una extraña fuerza y tenía una forma abrupta de dar la vuelta a sus frases. Su mirada era penetrante, su forma de hablar, franca.

El embajador estadounidense en Bucarest, Mark Gitenstein, expresó públicamente su admiración por él, cuando se convirtió en director de la DNA. El embajador, que había sido abogado, contó durante una visita del fiscal general del Estado de Delaware, Beau Biden (hijo del vicepresidente de Estados Unidos), que los representantes del Departamento de Estado no dejaban de elogiar a este „fiscal purasangre”. Por su parte, Gitenstein le calificaba como „el fiscal por definición”. Creo que es la mejor descripción. Morar encarna la austeridad del fiscal totalmente entregado a su trabajo.

La condena a principios de 2013 a una pena de prisión al ex primer ministro Adrian Nastase, bajo cuyo mandato las grandes investigaciones no sólo eran inimaginables, sino que además los fiscales demasiado temerarios eran destituidos, acabó con el mito de la impunidad, profundamente enraizado en el imaginario político rumano, con lo que desencadenó una oleada de pánico. La DNA de Morar removió todos los niveles de la sociedad rumana afectados por la corrupción: el Gobierno, el Parlamento, la administración local, la justicia, la policía, las aduanas, el deporte. En varios casos, se destruyeron redes de corrupción tentaculares, como el caso de los agentes de aduanas.

Rumanía ha aportado pocas personas iluminadas, capaces de cambiar las mentalidades y los sistemas, de mantener intacta su integridad. Daniel Morar se encuentra entre ellas. El poder político, sea cual sea, ¿volverá a cometer el „error” de dejar al azar las riendas de un poder así y permitir que lo ejerzan personas libres, como ha ocurrido con Morar? Es poco probable: demasiados empresarios, políticos de alto nivel y otros personajes influyentes han podido constatar que, sin redes de corrupción, sin gentes de confianza en puestos clave dentro de la justicia, nada les podía garantizar ya su impunidad. Para ellos, la presencia de hombres como Morar en la dirección de los fiscales anticorrupción les sitúa en condiciones de igualdad con el común de los mortales.

Los diplomáticos occidentales, en Washington y en Londres, han llegado rápidamente a la conclusión de que el proceso de nombramiento de los nuevos fiscales jefes [mediante un acuerdo político] debe respaldarse de forma inequívoca, para que finalice el interregno que dura ya un año. Pero creer que el nombre del que dirige una institución en Rumanía no tiene importancia es un gran error. Este razonamiento típicamente occidental funciona en las democracias ya establecidas. Rumanía carece de un mecanismo de verificación y de control que pueda equilibrar el sistema y garantice el funcionamiento independiente del que dirige las instituciones. Si se sitúan a la cabeza de las instituciones clave personas capaces, con una voluntad reformista, las cosas avanzarán. Si no, llegará la restauración. ¿No han logrado nada más serio tras 23 años de democracia? La verdad es que no.

Con fiscales mediocres o débiles, los europeos occidentales descubrirán rápido dónde se encuentra el error. De igual modo, las desviaciones de Budapest se han tratado desde hace tiempo con indulgencia, hasta que ha llegado un punto en el que no es posible poner solución. Así Hungría ha traspasado desde hace tiempo la línea roja de la democracia.

Durante este tiempo, la Comisión Europea anunció que no modificaría sus conclusiones sobre las lagunas de Bucarest en materia de corrupción, recogidas en el último informe del Mecanismo de Cooperación y Verificación [ante la adhesión al espacio Schengen] y sobre la necesidad de un procedimiento de selección transparente de los nuevos fiscales jefes.