Más de 200.000 rumanos vuelven a protestar por el polémico decreto que despenaliza casos de corrupción

​Alrededor de 200.000 rumanos volvieron a invadir este jueves las calles de las principales ciudades del país ante la insistencia del Gobierno socialdemócrata de seguir adelante con el decreto que despenaliza algunos casos de corrupción, pese a la oposición también de Bruselas y varios países occidentales. Lemas como „ladrones”, “vergüenza”, „derogación” y “Rumanía, despiértate” fueron coreados por miles de personas ante la sede del Ejecutivo, mientras que otras personas llevaban carteles en los que calificaban al gabinete de „traidor” al mismo tiempo que pedían la dimisión.

Esta nueva manifestación responde al respaldo del Partido Socialdemócrata (PSD) por una unanimidad al Ejecutivo de Sorin Grindeanu, pese a que el país está viviendo las mayores protestas desde la caída del régimen comunista de Nicolae Ceausescu en 1989.

“El Gobierno y los partidos que lo apoyamos seguimos determinados a ejercer tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo”, señaló el líder del PSD, Liviu Dragnea, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro Sorin Grindeanu, tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la formación política.

“Cualquier intento de socavar la actividad del Gobierno es una tentativa de desestabilizar la orden de derecho de Rumanía”, prosiguió Dragnea, subrayando que los manifestantes están desformados al desconocer la sustancia del decreto.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo se limitó a nombrar las promesas que ha cumplido desde que se formó el Gobierno hace poco más de un mes, como la subida de los salarios a los funciones y de las pensiones. Antes, el presidente de centro derecha Klaus Iohannis solicitó a la Corte Constitucional que se posicione sobre un posible conflicto jurídico entre los poderes del Estado.

Esta institución, que registró la petición por la tarde, espera ahora los puntos de vista del Gobierno y del Parlamento, que tienen como fecha límite el próximo 7 de febrero. La oposición confía en que los nueves jueces se pronuncien antes del 10 de febrero, fecha en la que entrará en vigor las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, la Corte Constitucional tiene 20 días como máximo para emitir su dictamen desde el día que ha recibido las posiciones del Gobierno y el Parlamento. Por su parte, el ministro de Justicia dejó hoy temporalmente sus funciones en manos del secretario de Estado hasta el próximo 7 de febrero, alegando que tiene mucho trabajo con el presupuesto que el Parlamento debe aprobar en los próximos días.

“Todavía ejerzo yo las atribuciones de ministro”, precisó Ioardache, quien subrayó que “las responsabilidad corrientes” las puede realizar también un secretario de Estado. El ministro de Comercio, Florin Jianu, anunció hoy su dimisión al entender que la aprobación de este decreto ha sido un error, y Mihai Chirica, uno de los vicepresidente del Partido Socialdemócrata, ha pedido incluso la dimisión de Iordache.

„Propongo que se derogue urgentemente el decreto y se presente un proyecto de ley al Parlamento para haya un debate público”, señaló Chirica, quien calificó al ministro de Justicia como el „único responsable” de la crisis.

Alrededor de 300.000 personas se manifestaron el miércoles en Rumanía para protestar contra el Gobierno por haber aprobado el martes, por la vía de urgencia, un decreto que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44.000 euros.

En los casos por debajo de esa cifra se iniciarán procedimientos administrativos y civiles para recuperar el dinero y castigar a los responsables. La modificación de la ley amnistiará además a unos 2.700 condenados por delitos menores, incluidos algunos por corrupción, y reducirá a la mitad las penas a los presos con más de 60 años de edad, independientemente de su crimen.

El decreto ley del Gobierno, en el poder desde principios de enero, ha sido criticado también por la Comisión Europea, que lo considera un retroceso en la lucha contra la corrupción. Las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Holanda y Bélgica publicaron el miércoles una declaración común en la que mostraron su preocupación por el decreto.