¿Son las constructoras ludópatas?

Las constructoras de obra pública comparten con muchas otras empresas de cualquier ramo de actividad una serie de problemas comunes que condicionan su actividad diaria. Pero en el caso de estas constructoras, existe un problema intrínseco a este sector que les afecta de manera fundamental: el desconocimiento del coste real de su producto.

Cuando a una constructora de obra pública se le adjudica un contrato para la ejecución de una infraestructura, son varios los ámbitos que dicha constructora puede organizar y controlar: el proyecto técnico, la planificación de la obra, la asignación del personal para ejecutar la obra, iniciar la fase de compras mediante la elaboración de comparativos de precios, etc. Todas estas actividades contribuyen a reducir el riesgo de la obra, y ofrecer a la dirección de la constructora unos argumentos sobre los cuales basar su decisión respecto a la conveniencia de realizar o no de dicha obra.

No obstante, a pesar de los esfuerzos anteriores, lo cierto es que en realidad la constructora no sabe cuánto le va a costar el llevar a cabo la obra, y por ello, no sabe si va a ganar o a perder dinero al realizarla. Dicho de otro modo, y poniéndonos en la piel de un director ejecutivo de la constructora que acaba de ganar un proyecto: puedo calcular aproximadamente cuánto tiempo voy a necesitar para llevar a cabo la obra; sé cuánto personal voy a asignar a dicha obra; sé qué tecnologías, maquinaria y medios dispongo para realizar la obra; en muchos países, incluso sé cuánto voy a cobrar por esa obra (algo más difícil de establecer en España, donde es muy habitual que se realicen modificados y cambios en el importe contratado de la obra), pero a pesar de todo ello, sigo sin saber cuánto me va a costar la obra, debido a toda una larga serie de imprevistos que desconozco antes de empezar la construcción, y que son exógenos a la constructora, a saber: retrasos en la obtención de los permisos de construcción; indefiniciones en el proyecto; problemas con expropiaciones; problemas con los servicios afectados; problemas con las utilidades; problemas con temas medioambientales, de arqueología u otros; costes escondidos (tasas, permisos, etc.), condición y naturaleza del terreno donde se realiza la obra; problemas con el cliente (de orden político, económico o administrativo), posibles peajes o mordidas a pagar a la Administración o partido político de turno para poder concluir la obra, etc.

Si a todos estos imprevistos externos a la constructora añadimos una eventual serie de problemas internos que puedan surgir, como errores en la oferta técnica o económica, errores en el cálculo de precios u otros, se puede incluso llegar a afirmar que establecer el resultado económico de una obra antes de empezarla es casi una quimera, y que sólo al final de la obra es cuando se puede hacer el cálculo de si en una obra concreta tal o cual constructora ha ganado o ha perdido dinero.

En otras palabras: la constructora de obra pública es una empresa que vende su producto mucho antes de poder determinar el coste del mismo.

En definitiva, dedicarse a construir obra pública es como jugar a la quiniela: a la conclusión de la jornada, todo el mundo puede hacer una quiniela perfecta de 15 resultados, lo complicado es hacer esa misma quiniela el viernes por la mañana. Trasladando el símil a la construcción, el mérito de una constructora reside en hacer una buena estimación de costes antes de realizar la obra y aun sabiendo que hay una serie de imponderables que no podemos abarcar, porque al final de la obra cualquiera puede hacer el recuento de los costes y el resultado económico ya no se puede cambiar.

Antonio Madrid trabaja en una empresa española que construye un tramo de autopista en Rumanía.