Viktor Orbán defiende el cristianismo en España

Con su aplomo habitual, el primer ministro de Hungría, el populista conservador Viktor Orbán, llegó el lunes al palacio Euskalduna de Bilbao, sonrió a los fotógrafos y empezó a hablar de que la crisis que machaca a Europa no es solo económica, sino también moral. “Europa no funciona sin valores cristianos”, aseveró. Fuera hacían cola varias decenas de personas, muchas entradas en la sesentena, dispuestas a escucharle disertar sobre Una política basada en valores cristianos, base de la regeneración de Europa, el lema de la conferencia organizada por la Asociación Católica de Propagandistas en la que participaba el primer ministro como parte de su visita a España. La parte oficial se restringe a un encuentro en La Moncloa con el presidente, Mariano Rajoy, para abordar asuntos bilaterales y como preparación de la cumbre europea de mayo, explica Silvia Blanco, periodista de El País.

Orbán, de 49 años, llega envuelto en la polémica. Su presencia coincide con nuevas —y sonoras— críticas a Hungría por parte de la UE y de EE UU, y de organizaciones de defensa de los derechos humanos, esta vez debido a una enmienda de calado introducida en la Constitución húngara que recorta los poderes del Tribunal Constitucional.

El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durão Barroso, envió una carta el viernes a Orbán para expresarle su “seria preocupación” sobre la compatibilidad de esos cambios con la legislación europea y con el Estado de derecho. Orbán dijo ayer lo mismo que le contestó por carta a Barroso: que está “siempre dispuesto a debatir”, y recordó que la Comisión está haciendo un examen preliminar de esos cambios. “Cuando concluya, charlaremos sobre el asunto: somos demócratas”, dijo.

Barroso le advertía en esa carta de que “seguirá los pasos necesarios para empezar los procedimientos de infracción donde sea pertinente”. La inmediata respuesta por carta de Orbán a Bruselas parece un bucle ya conocido: mientras Barroso reiteraba sus “serias preocupaciones”, Orbán renovaba su voluntad de “total cooperación” con Europa. Un intercambio de advertencias y garantías ya visto después de que la UE le abriera a Budapest varios procedimientos de infracción el año pasado.

Pero la comisaria de Justicia, Viviane Reding, y el Parlamento Europeo han elevado el tono hacia Budapest y han mencionado la posibilidad de que se le aplique la mayor sanción posible: el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que suspende derechos al país infractor, incluso el de voto en las instituciones europeas, una medida sin precedentes.

Orbán no parecía muy preocupado por esa posibilidad: “Hablar de aplicarnos el artículo 7 es un chiste de mal gusto. Nadie habla de ello basándose en hechos, solo hay acusaciones. ¿Cuándo acabarán las críticas?”, se ha preguntado en tono desenfadado. No será por ahora. El Parlamento Europeo debatirá el miércoles sobre la situación de los derechos fundamentales en Hungría. Mientras tanto, continúa el escrutinio de la Comisión sobre las enmiendas constitucionales.

Orbán ya estuvo en un acto católico similar en la Universidad San Pablo CEU de Madrid en noviembre. Entonces era el eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja quien presentaba su conferencia. Precedido por el rezo de un padrenuestro, Orbánha afilado en Bilbao sus convicciones cristianas y ha atacado el “pensamiento de liberalismo individualista” que, según él, reina en la UE. “¿Qué palabras evitan los tecnócratas de Bruselas?”, se ha preguntado. “Compromiso, honra, amor a la patria, constancia, grandeza, justicia…”. En su opinión, “una Europa cristiana no hubiera asumido la esclavitud del crédito”, algo que ya aseguró en noviembre.

Después se ha concentrado en Hungría. Y ha sacado a relucir como un gran logro su controvertida Constitución, que entró en vigor hace un año y tres meses y ya ha sido enmendada cuatro veces. Orbán ha contado una anécdota muy reveladora sobre su idea de la democracia. Primero ha explicado que la secularización también se da en Hungría: “la mayoría de los húngaros no habían querido una Constitución cristiana, pero los convencimos”. El primer ministro ha explicado el método. “Miles de electores recibieron un cuestionario con 14 preguntas antes de que se redactara”, ha narrado, “pero no eran religiosas ni tenían un lenguaje cristiano. Por ejemplo, ¿un ciudadano tiene obligaciones o solo derechos?, ¿el ciudadano debe ser laborioso o vivir de subsidios? y cuestiones sobre la familia”, ha explicado Orbán. “Después, más de un millón de personas nos mandaron sus respuestas, y todos votaban a favor de los valores que consideramos cristianos”, ha razonado. “Así es como los principios cristianos pasaron a nuestra Constitución”, ha revelado.

Desde que llegó al poder en 2010, Orbán habla de cambiar el país por completo y en todos los ámbitos. Su partido, Fidesz, controla dos tercios del Parlamento. Con esta supermayoría sacó adelante su Constitución —que en un país laico arranca con un “Dios bendiga a los húngaros”— y, como dijo ayer, el código penal, el civil y las leyes laborales. Gracias a esos dos tercios ha aprobado más de 360 leyes en tres años, de las que varias han tenido que ser modificadas debido a la presión de Bruselas, como la que recortaba la libertad de prensa o socavaba la independencia del Banco Central. Y con ellos prosperó hace un mes el cuarto paquete de enmiendas, desoyendo la petición de Europa de que se aplazara la votación hasta que fueran analizadas.

Barroso había señalado en su carta tres puntos conflictivos sobre esos cambios constitucionales. El primero es el que autoriza tasas especiales que pagarán los ciudadanos en caso de que Hungría sea multada por el Tribunal Europeo de Justicia. El segundo se refiere a la capacidad de la todopoderosa presidenta de la Oficina Nacional Judicial —el órgano de gobierno de los jueces, unipersonal— de transferir casos de un juzgado a otro, aduciendo, por ejemplo, que el inicialmente competente está saturado. Esta medida es espinosa, sobre todo cuando se usa en casos de políticos procesados por corrupción, como ya ha pasado dos veces. Por último, Barroso cuestiona la obligación de publicar propaganda electoral solo en medios públicos —no privados— durante la campaña.