Rosia Montana, la historia de oro que envenena el país

El Gobierno rumano prepara una ley que autoriza la explotación con cianuro de la mayor mina de oro de Europa. A pesar del silencio mediático, se multiplican las manifestaciones contra un proyecto que beneficia ampliamente a la empresa explotadora. Hay decisiones políticas tan recalcitrantes que consiguen movilizar conjuntamente a gente tan dispar que, de otro modo, estaría a años luz en términos de valores y de posturas doctrinales. Durante el invierno de 2012, un proyecto de reforma del sistema sanitario consiguió la proeza de hacer que tanto activistas de ONG, como nacionalistas, anticapitalistas, ultras, ecologistas y feministas tomasen la calle.

El proyecto de ley para la explotación de Rosia Montana, que el Gobierno aprobó el 27 de agosto, tuvo el mismo efecto. De ser una causa que hasta el momento movilizaba sobre todo a los ecologistas, Rosia Montana se ha convertido de repente en un asunto de interés general. El alcance del movimiento de protesta, que comenzó el 1 de septiembre, va mucho más allá de la cuestión puntual de la explotación de Rosia Montana, y ahora afecta al modelo de desarrollo económico, a la forma de legislar y hasta a la democracia en sí misma.

Motivo de optimismo

Los grupos nacionalistas se han lanzado a la calle bajo el tradicional eslogan „¡No vendemos nuestro país!”; los liberales de derecha, por la violación de los límites del estado de Derecho y del principio de propiedad privada; los anticapitalistas, por los privilegios concedidos a las empresas…

¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué es lo que ha provocado esta repentina movilización? En primer lugar, que una ley goza de una visibilidad mayor que las simples consideraciones técnicas. Rosia Montana Gold Corporation [RMGC, una sociedad conjunta de la empresa canadiense Gabriel Resources y la empresa pública rumana Minivest] quiso tener todo de golpe, saltándose el capítulo burocrático. Quien caminando lleva priesa, en camino llano tropieza y por eso un proyecto de ley permite una movilización mayor que las órdenes confidenciales firmadas por algún ministro.

Se transfiere por tanto a la ligera una prerrogativa que, por definición, pertenece al Estado a una empresa privada

Además, la propia naturaleza de las disposiciones del proyecto de ley ha conseguido despertar la ira de quienes normalmente se mostraban a favor de la explotación de Rosia Montana. De hecho, según esta ley, RMGC queda acreditada por el Estado para llevar a cabo procedimientos de expropiación, puede expropiar a cualquier residente que se niegue a venderles su propiedad. Se transfiere por tanto a la ligera una prerrogativa que, por definición, pertenece al Estado a una empresa privada. RMGC también puede, en apenas 45 días después de su solicitud, convertirse en propietaria de cualquier inmueble de Rumanía que necesite para la explotación de la mina. Y, para colmo del estado de Derecho, si judicialmente se anula un procedimiento de aprobación correspondiente al proyecto, las autoridades rumanas se ven obligadas a expedir, en 30 días, otra autorización que reemplace la anulada.

El movimiento de protesta, que ha hecho salir a las calles a unas 15.000 personas al día en Bucarest y en todo el país, debería ser motivo de optimismo. Dado que el RMGC ha desembolsado millones en los trusts de prensa, metiéndose así a las cadenas de televisión en el bolsillo, y la gran mayoría de ellos son favorables al proyecto de ley del Gobierno, la movilización se organiza a través de la circulación de información en las redes sociales. El silencio de las cadenas de televisión es tan elocuente que durante las manifestaciones se emitían noticias sobre la hospitalización del emperador de los gitanos Iulian (B1TV) o sobre el nacimiento del nieto del presidente Traian Basescu (ProTV).

Letargo cívico

¿Es relevante una opinión en un contexto minado por la desinformación?

En este contexto, ¿debería sorprendernos que la mayoría de los rumanos se muestren partidarios del proyecto Rosia Montana? Como si fuese algo fortuito, el mismo día de las movilizaciones de protesta la prensa publicó una encuesta de Sociopol que defendía que el 70% de los rumanos apoyaba el proyecto de Rosia Montana. ¿Manipulación? ¿Exageración? ¿Realmente importa? ¿Es relevante una opinión en un contexto minado por la desinformación? Sin duda alguna resulta tan pertinente como que el 99% de los votos a favor de los dirigentes políticos en los Estados autoritarios en los que no existe libertad de prensa.

La presencia en las calles de quienes también se movilizaron en 2012 tendría que hacer reflexionar a quienes todavía sostienen la „teoría del complot”. Si son las mismas personas (que protestaban contra un Gobierno de derecha) ¿qué hay de la alegación de que eran „personas pagadas por la USL” [la Unión Social Liberal, la coalición de centro izquierda en el poder en Bucarest] cuando la USL está en el poder? ¿Quién hizo salir ayer a la gente a la calle? La respuesta es simple: la clase política en su conjunto.

Puede que sea doloroso, inadmisible y escandaloso para los políticos y analistas, pero asistimos a la génesis de un fenómeno sin precedentes en nuestra historia post-revolucionaria (1989): la constitución de una verdadera oposición en el seno de la sociedad civil. Unos miles de personas no se pueden comparar todavía a los cientos de miles de manifestantes en Francia o Portugal, pero para los estándares de la sociedad rumana, asfixiada por un letargo cívico como está, representa un gran paso adelante.