Bruselas pide más esfuerzos a Rumanía para mejorar independencia judicial y combatir la corrupción

La Comisión Europea ha reconocido este miércoles en sendos informes que Rumanía y Bulgaria han dado algunos pasos en el último año para avanzar en la reforma judicial y combatir la corrupción pero les ha reclamado a ambos más esfuerzos en estos ámbitos y que apliquen sus recomendaciones. En el caso de Rumanía, el Ejecutivo comunitario admite en su informe que el país ha hecho „progresos recientes” en „muchas áreas” en materia de reforma judicial y para combatir la corrupción en los últimos doce meses, algo que ha achacado en parte al clima político „más tranquilo” que en el pasado, publica la agencia Europa Press.

„Pero, persisten las preocupaciones sobre la independencia judicial y hay muchos ejemplos de resistencia a la integridad y las medidas anticorrupción a nivel político y administrativo”, ha avisado en su informe.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha admitido que Rumanía ha dado „algunos pasos significativos” y que „mucha gente” en instituciones judiciales „clave” han mostrado „un compromiso real” con las reformas pero ha avisado de que los progresos „no son generalizados” y que „los avances en un área pueden negarse por los retrocesos en otras”.

„Espero que este informe claramente señale lo que todavía necesita hacerse y consolidar la reforma y garantizar una tendencia positiva y durable”, ha apostillado el portugués en un comunicado.

Bruselas ha criticado entre otros en su informe sobre Rumanía la reforma „acelerada y sin transparencia” del Código Penal en diciembre de 2013 tras recordar que varias enmiendas „controvertidas” aprobadas por el Parlamento rumano fueron declaradas „inconstitucional” por el Tribunal Constitucional del país y hecho de que algunos nombramientos „clave” en la judicatura no se hayan hecho en base a los principios de „transparencia y méritos” y „están abiertos a las críticas por motivos de interferencia política”.

La Comisión recomienda entre otros que el Código de Conducta de los diputados incluya „disposiciones claras” para que „respeten” la independencia judicial y en particular las decisiones judiciales y „la posible revisión de la Constitución” para dejar clara „la obligación de que las ramas ejecutiva y legislativa respeten la independencia judicial” y mejorar el seguimiento de las decisiones judiciales y su cumplimiento.

También le recomienda garantizar que la legislación contra la corrupción se aplica „a todos” por igual, mejoren la consistencia de las penas aplicadas en casos de corrupción „en todos los tribunales” del país y desarrollar una estrategia nacional contra la corrupción para introducir „objetivos y obligaciones más consistentes para las administraciones públicas”.

En el caso de Bulgaria, la Comisión reconoce que el país ha dado „algunos pasos adelante” en el último año y medio como „algunas mejoras” en los procedimientos de nombramientos, aunque se han dado „controversias repetidas” en este ámbito.

Sin embargo ha dejado claro que „en términos generales los progresos no han sido suficientes y siguen siendo frágiles”, algo que achaca en parte a la necesidad de generar más consenso para promover las reformas necesarias y al hecho de que en el último año y medio se han sucedido tres Gobiernos diferentes, algo que no ha ayudado a generar el consenso necesario.

En el informe, Bruselas ha lamentado especialmente que no se haya hecho lo suficiente para „perseguir los casos de corrupción de alto nivel”, pero también para combatir el crimen organizado, dado que „muy pocos casos” se han resuelto en los tribunales.

„El hecho de que figuras de alto perfil del crimen organizado fueron capaces de escapar de la justicia la víspera de un veredicto final en julio de 2012 fue una fuente de preocupación generalizada”, ha criticado en su informe, en el que critica que no se han dado „ningún paso” para garantizar que no vuelve a ocurrir. También critica que „la influencia política en el sistema judicial han afectado a la confianza pública”.

Barroso ha reclamado a Bulgaria „un compromiso político” y „medidas concretas y prácticas a corto” para garantizar que el Estado de Derecho y la independencia judicial están en el centro de „una estrategia a largo plazo de reforma”.

El Ejecutivo comunitario recomienda a Bulgaria entre otros „establecer un procedimiento claro” para reaccionar a „casos de interferencia política en la judicatura y la Fiscalía”, que fije un plazo objetivo para completar el trabajo del nuevo Código Penal y su aplicación, que elabore un informe anual sobre los progresos en las reformas judiciales y que garantice la aplicación efectiva de las sentencias.

También le recomienda que confíe a una única institución la coordinación en la lucha contra la corrupción y „pasos para reducir el riesgo de corrupción en los procedimientos de contratación pública” y „credibilidad en el mecanismo de sanciones” y que ataje „el problema” de la fuga de acusados de corrupción de alto nivel.

La Comisión Europea publicará sus próximos informes de progresos para ambos países en 2015 en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación. Dicho mecanismo fue creado en 2007 para vigilar los progresos de ambos países en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción y el crimen organizado ante la evidencia de que no cumplían los estándares en este ámbito cuando entraron en la UE.