Los orígenes de la "cuestión judía" en Rumanía

A partir de las revoluciones liberales de 1848, saltó en toda Europa el espinoso asunto de la concesión de derechos civiles y religiosos a los centenares de miles de judíos que vivían en el seno del Imperio Austríaco, en Hungría, Rusia y otros países centroeuropeos, cuenta Carlos Basté en su blogBucarestinos.

También en los Principados Danubianos, Valaquia y Moldavia, empezó a agitarse la cuestión. A mediados de siglo, vivían en los Principados unos 130.000 judíos, aunque la población se había duplicado antes de final de siglo. Tras los ecos de la revolución parisina de 1848, en mayo de ese mismo año, los liberales válacos crearon un Comité revolucionario que redactó la llamada Proclamación de Islaz, publicada en junio, en la que, entre otras muchas cosas, se reclamaban por primera vez derechos civiles tanto para los gitanos como para los judíos.

Los intereses cruzados de rusos, austríacos y turcos en la región dejaron la cuestión en segundo término durante decenios hasta que ascendió al trono Carol I (1866 – 1914). El nuevo príncipe encargó formar gobierno al conservador Lascăr Catargiu, quien incorporó a su equipo a liberales como Ion Brătianu al frente de Finanzas o a C. A. Rosetti en Educación. Inmediatamente el gobierno trabajó en una nueva Constitución que declaraba oficial a la Iglesia ortodoxa y establecía la igualdad entre los ciudadanos siempre que se declarasen cristianos.

Esta disposición dejaba sin derechos civiles ni capacidad de adquirir tierras a más de doscientos mil judíos asquenazíes que habían ido formando comunidades de artesanos, hosteleros y mercaderes en Moldavia y que en ciudades como Bucarest o Iaşi – donde sumaban más de la mitad de la población – trabajaban en el comercio, las finanzas y las profesiones liberales.

Tras la nueva guerra ruso-turca de 1877-78, el Tratado de San Stéfano primero y el Congreso de Berlín después sancionaron la independencia de Rumanía, sin embargo, en la capital alemana también se decidió la anulación del polémico artículo 7º de la Constitución rumana. Esta decisión causó una profunda indignación en Rumanía, pero en octubre de 1879 la Asamblea Nacional decretó que la ciudadanía se obtendría sin limitaciones religiosas. A pesar de todo, los judíos siguieron sin poder comprar tierra y se establecieron como condiciones para obtener la ciudadanía la tramitación de un acta especial parlamentaria de carácter individual, la presentación de una solicitud formal y la demostración de una permanencia mínima de 10 años en suelo rumano de los solicitantes.

La anulación parcial del artículo 7º de la Constitución fue denunciada por la Iglesia ortodoxa, la nobleza y los políticos conservadores, constituyendo el germen de una cuestión judía que marcaría trágicamente la historia de Rumanía en los siguientes decenios.