El ministro de Justicia se deshace de tareas de su cartera en medio de protestas por un decreto urgente que deja escapar a muchos corruptos de la cárcel

El ministro de Justicia rumano, Florin Iordache, delegó sus atribuciones al secretario de Estado, Constantin Sima, hasta el próximo 7 de febrero para dedicarse al presupuesto de esta institución, en medio de la protesta más importante desde la Revolución de 1989 por un decreto que despenaliza ciertos casos de corrupción.

“El motivo de traspasar las atribuciones se debe a la actividad intensa del ministro para aprobar el presupuesto de 2017, que se discutirá en el Parlamento en los próximos días, y así “no bloquear su actividad corriente”, explicó la portavoz del Ministerio de Justicia, Cristina Lita.

Según el portal News.ro, el ministro aseguró que no dimitirá de su cargo y que solo dejará que firme el secretario de Estado para cuestiones “corrientes”.

Un importante alcalde del partido del Ejecutivo y vicepresidente del Partido Socialdemócrata, solicitó que se retire las modificaciones del código penal y la dimisión del ministro de Justicia. “Propongo que se derrogue urgentemente el decreto y se presente un proyecto de ley al Parlamento para que haga un debate público”, señaló Mihai Chirica.

“Pido la dimisión del ministro Florin Iordache, a quien veo la única persona responsable del caos que se ha creado estos días. Necesitamos gente competente y con dignidad ante los ojos de los rumanos”, prosiguió el barón socialdemócrata. Por su parte, el presidente del país, Klaus Iohannis, ha pedido la intervención del Tribunal Constitucional y que se celebre un referendo sobre el tema.

Alrededor de 300.000 personas se manifestaron ayer en las principales ciudades rumanas para protestar contra el Gobierno por haber aprobado el martes por la vía de urgencia un decreto que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44.000 euros.

En los casos por debajo de esa cifra se iniciarán procedimientos administrativos y civiles para recuperar el dinero y castigar a los responsables. El decreto ley del Gobierno del primer ministro, Sorin Grindeanu, quien asumió el cargo a principios de mes, ha generado fuertes críticas dentro y fuera del país.EFE